Integrantes de las comisiones de Educación y Hacienda y Presupuesto de Senadores y Diputados, avanzaron en el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca implementar un sistema de ficha limpia en el ámbito educativo.

Comenzó el tratamiento del proyecto de reforma en el Estatuto Docente, para definir las sanciones en caso de docentes y no docentes condenados por la Justicia y además crear un registro de quienes poseen sanciones, inhabilitaciones.

El proyecto, presentado por el ministro de Educación, Infancia, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, propone incorporar al Estatuto del Docente, al Estatuto del Celador y al reglamento del personal administrativo requisitos específicos que aseguren que ningún profesional con condenas por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad pueda acceder a cargos en el sistema educativo.

En base a lo publicado por prensa de del Senado de Mendoza la propuesta incluye medidas específicas para las escuelas de gestión privada, obligándolas a adherirse a estas normativas, y establece sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de delitos, como la inhabilitación permanente. Estas disposiciones buscan uniformar los estándares de protección en todo el sistema educativo de Mendoza.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García, explicó que el proyecto tiene como antecedente la Ley de Educación Nacional 26.206, que invita a las provincias a adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad de Niñas, Niños y Adolescentes. También mencionó que la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes refuerza esta necesidad, estableciendo el derecho de los menores a un entorno seguro en el ámbito educativo.

En el marco del proyecto, se introduce un registro único de sumarios, sanciones e inhabilitaciones. Este registro será utilizado como herramienta de consulta obligatoria para los concursos de cargos en instituciones educativas, particularmente en los casos de suplencias que, según el Ministro, son los que históricamente han presentado mayores inconvenientes.

Además, el proyecto estipula que para ingresar al sistema educativo será indispensable presentar un certificado de antecedentes penales. Esto incluye a docentes, celadores y personal administrativo, asegurando que quienes accedan a estos cargos no posean antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual, la libertad o la identidad.

Durante la ronda de consultas, Félix González, del bloque justicialista, calificó la iniciativa como positiva, pero planteó dudas sobre la aplicación del artículo 54 del proyecto, que delega responsabilidades en las escuelas. Expresó su preocupación por la logística que implicaría implementar este sistema y consultó sobre las fuentes de información que alimentarían el registro único de antecedentes.

El proyecto de ley de ficha limpia continuará en análisis y forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para reforzar la transparencia y seguridad en el ámbito educativo. Su aprobación representaría un avance significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Mendoza, estableciendo un entorno escolar más seguro y confiable.

Consultar el proyecto de ley: